La donación de óvulos puede ser un tema tabú aún en países de Latinoamérica. No obstante, en países de Europa ya es una realidad constante. Un país que refleja esta realidad es España, pues en el año 2019, de acuerdo con los datos del Registro de la Sociedad Española de Fertilidad, se realizaron 14.521 intervenciones para extraer los óvulos de mujeres.
España es uno de los diez países europeos que fija una cuantía económica para cada donación de óvulos. La ley no permite pagar por los óvulos, aunque sí permite compensar las molestias físicas y los gastos de desplazamiento y laborales de las donantes. En estos casos, las autoridades suelen establecer un límite para garantizar el altruismo. Sin embargo, lo que sucede diariamente es que la cuantía que se recibe varía mucho entre los países, tanto en términos absolutos como en relación con el salario mínimo interprofesional.
La compensación oscila, en cifras absolutas, desde los 250 euros de Finlandia hasta los 1.200 de Grecia. Si se tiene en cuenta el salario mínimo, Bulgaria se lleva la palma: su compensación equivale a 11 semanas de trabajo, la más alta, con diferencia, de toda Europa, contando también a Reino Unido. En España, la compensación varía entre 800 a 1200 euros, lo que supone 3,5 semanas de trabajo, teniendo en cuenta el salario mínimo.
En otros países europeos, a diferencia de lo que sucede en España, no se establece un importe máximo, aunque sí se ofrece una compensación variable. Debido a ello, algunos centros optan por ofrecer un pequeño regalo, como un ramo de flores, hasta compensar con 2.000 euros a cada donante de óvulos. Y en Reino Unido, la cuantía económica es también bastante elevada, ya que llega a ser de aproximadamente 893 euros por cada donación de óvulos, una cantidad algo menor que la establecida en España.
Por el contrario, ocho países de la Unión Europea no permiten abonar una compensación, sino que sólo autorizan que se reembolse de forma justificada los gastos en que pueda incurrir la donante. Países como Austria, Francia, Irlanda, Países Bajos o Polonia emplean estas medidas. En cambio, Italia o Rumanía impiden de forma tajante cualquier tipo de compensación económica para las donantes de óvulos. En Alemania, la realidad es diferente: allí donar óvulos está terminantemente prohibido. Y la situación más laxa se encuentra en Chipre y Estonia, donde no hay una regulación al respecto.
Según datos de la Sociedad Europea de Reproducción Humana y Embriología (ESHRE), España es el país de toda Europa donde más donaciones de óvulos se hicieron en el año 2017, seguido por República Checa. Ambos países son destinos muy populares para quienes buscan óvulos donados. Pues, en estos países la donación es anónima y quien lo hace recibe una compensación. Esta es una diferencia importante con países como Italia, donde también hay anonimato pero sus donantes no reciben ninguna cantidad económica. Allí las donantes escasean, aunque pueden aportar sus óvulos desde 2014. Por ejemplo, en Lombardía, su región más poblada, la primera donación tuvo lugar en 2021 y acaparó muchos titulares.
¿Por qué unos países donan más que otros? Hasta la fecha no existe una razón clara. En el caso de las donaciones de óvulos, un estudio realizado en 2014 en once países europeos apuntó a una mezcla de factores, que combinaban motivos financieros con altruistas, y que podían variar entre los distintos países. Otra investigación, llevada a cabo entre donantes de esperma de Dinamarca y Estados Unidos, indicó que el 20% dejaría de aportar su semen si no eran compensados económicamente.
El alto número de donantes en España se explica también por el anonimato, según Martínez Navarro, presidente de la Sociedad Española de Fertilidad. De hecho, esta organización se opone a que en un futuro se pueda desvelar la identidad de quienes donan, como pidió la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa en 2019 y, al año siguiente, también el Comité de Bioética de España. Los países del sur de Europa, en general, mantienen oculta la identidad de los donantes, tanto para las personas que reciban sus gametos como para la futura descendencia. La excepción es Portugal, que en 2018 terminó con este veto tras una sentencia de su Tribunal Constitucional.