En las últimas décadas, nuestro país ha sufrido cambios demográficos que el desarrollo económico ha impulsado. La disminución de la mortalidad infantil, debido al control de las enfermedades infecciosas, que con éxito se emprendió décadas atrás, la disminución en la tasa de fecundidad y de la tasa de mortalidad han cambiado la clásica pirámide poblacional que nos caracterizó durante casi todo el siglo XX, a otra figura geométrica que representa a una población más vieja que enfrenta otras enfermedades y por ende nuevos retos en el cuidado de salud de las personas.

La Dirección General de epidemiología del MINSA, evidenció, que para el año 1990 ya se estaba dando la transición epidemiológica, es decir la mortalidad por enfermedades transmisibles (ET) era muy similar a la mortalidad por enfermedades no transmisibles (ENT) y ya para el año 2006, la mortalidad por ENT era mayor en todas las regiones del Perú. Sin embargo, el presupuesto que se les ha asignado es muy inferior al requerido para impulsar su prevención y control. Para el año 2012, las ENT constituyen el 60.5% de la carga de enfermedad actual del país, determinada por los años de vida saludable perdidos (AVISA) que estas producen. Le siguen las enfermedades transmisibles y perinatales con el 26.7% y en el último lugar con 15.5% se encuentran los accidentes y lesiones. Se ha calculado que un aumento del 10% de las ENT, está asociado a una disminución del 0.5% en el crecimiento anual de la economía.

Es decir, de haberse controlado las ENT a 50% de la carga de enfermedad, la economía del Perú hubiera crecido en medio punto porcentual más de lo que crece en la actualidad y lo más importante, se hubiera evitado que mueran prematuramente más de 2500 pacientes por causas fácilmente prevenibles como son las enfermedades cardiovasculares. Dentro de la ENT, las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en el país y junto con la diabetes mellitus son las que ocupan el segundo lugar en la carga de enfermedad (AVISA) por ENT, superando a las enfermedades neoplásicas. A excepción de la enfermedad isquémica del corazón, todas las otras patologías cardiovasculares como la enfermedad hipertensiva, la enfermedad cerebrovascular y la enfermedad congénita cardiaca muestran un incremento sostenido cada año ocasionando no solo gastos que podrían ser evitados, sino principalmente pérdida prematura de vidas e invalidez.

Los factores de riesgo modificables que predisponen al desarrollo de estas enfermedades como son el sobrepeso, la dieta hipercalórico, la falta de ejercicio, la dislipidemia, también han mostrado una prevalencia creciente a través de los años. Por último, en lo que respecta a los pacientes que ya padecen la enfermedad, estos no reciben la atención oportuna debido a que la demanda excede con creces a la oferta existente. En ESSALUD, en el hospital de máxima resolución, el instituto Nacional Cardiovascular (INCOR), se hicieron alrededor de 2120 procedimientos cardiovasculares en adultos en el 2015, mientras que en el 2011 se realizaron más de 2490, es decir, la oferta no ha mejorado a pesar del crecimiento sostenido de las listas de espera. Por otro lado, el MINSA, responsable de brindar atención a 2/3 de la población nacional, debería resolver el doble de pacientes, sin embargo, opera alrededor de 1/10 de lo que hace ESSALUD por año.

En el año 2011, la OMS, apoyada de manera unánime por la ONU, se puso como objetivo disminuir las muertes prematuras (entre 30 y 70 años) por ENT en un 25% para el 2025.

El hecho de que estas son responsables de más del 50% de los 36 millones de muertes que se producen al año en el mundo y que ocasionen gastos calculados en US $863 billones, motivó a que el principal organismo mundial de salud se trazara este objetivo.

Controlar los factores de riesgo en el estilo de vida como consumo de tabaco, ingesta de sodio y actividad física, controlar los factores de riesgo biológico como la Hipertensión arterial, DM/Obesidad y por ultimo brindar el tratamiento adecuado a los pacientes con alto riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares, son las recomendaciones principales de la OMS para alcanzar el objetivo deseado en el 2025. Han pasado 5 años y al parecer en nuestro país las autoridades responsables no tienen conocimiento de esta meta. Es necesario afrontar las enfermedades cardiovasculares a la brevedad mediante un programa perfectamente articulado, desde el diagnostico, pasando por la prevención hasta la resolución de los casos de pacientes que ya padecen la enfermedad. Todo esto dentro de un monitoreo permanente en el cumplimiento de los indicadores, metas y resultados sanitarios, usando aplicativos informáticos para el registro total, permanente y estandarizado de los datos clínicos de cada paciente atendido.

Deben desarrollarse protocolos de atención, tanto para la salud individual como colectiva de la población. Asimismo, fortalecer las competencias del personal de salud, haciendo énfasis en el nivel de atención en donde se tiene que identificar al paciente en riesgo de enfermar, además de desarrollar investigación clínica y epidemiológica y evaluaciones económicas con la data procesada para asegurar el mejoramiento continuo y la eficiencia.

El estado tiene como fin supremo la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad, así como también, es el responsable del diseño de la política correspondiente para que su población tenga acceso equitativo a los servicios de salud. A juzgar por los hechos antes descritos, la salud no llega a todos y tampoco es equitativa. Esta inacción estatal debe corregirse y tiene que afrontar el problema de una manera más decidida y orgánica. Tiene mecanismos legales para hacerlo. Puede convocar a entes no estatales para hacer más eficientes los programas destinados a solucionar problemas de salud que requieren una acción rápida,

orgánica y sostenible en el tiempo. Un ejemplo de esto es el “plan esperanza” que lanzó este gobierno para que la detección precoz y tratamiento de las enfermedades neoplásicas pueda llegar también a los más pobres. La participación de la empresa privada le daría el dinamismo, la rapidez y la eficiencia que el problema requiere. El estado está obligado al uso adecuado de los recursos para cumplir con el fin supremo mencionado en la constitución política del Perú, no basta con proclamar con voz en cuello que las reservas están aumentando o que el crecimiento económico este viento en popa. Los gobernantes y funcionarios estatales, deben usar los recursos para brindar a su pueblo lo que necesita y mejorar su calidad de vida. Brindar la atención en salud adecuada a todos los niveles hará que los recursos generados lleguen de manera más equitativa e inclusiva a todos los ciudadanos.

 

Dr. Manuel Roberto Adrianzén Vargas

Director Clínica Novocardio

Médico Cirujano por la Universidad Nacional de Trujillo

Cirujano Cardiovascular por la UNMSM

Ex–Director del INCOR